Al parecer, el conflicto surgido en la Comunidad de Madrid, relativo a la educación pública, continúa abierto. La consejera de Educación, Lucía Figar, respaldada por su «jefa» doña Esperanza Aguirre, continúa firme en su postura inicial y, por el momento y que yo sepa, no hay indicios de que tenga la menor intención de dar marcha atrás en sus planteamientos . En particular, sigue aferrada a la idea de obligar a los profesores de los centros públicos a incrementar en dos sus horas lectivas obligatorias a la semana.
Cuando se habla de pasar de 18 a 20 horas lectivas, y sólo se insiste en este punto, cualquiera que no esté bien informado sobre el tema (es decir, un amplio sector de la población) podría pensar que los profesores trabajan más bien poco y que, al fin y al cabo, sólo se les exige un pequeño esfuerzo adicional. Con lo cual, al subrayar tan sólo este aspecto, desde la consejería de Educación de la CAM están dando una información parcial y sesgada del tema.
En efecto, las 18-20 horas de trabajo son LECTIVAS, es decir, horas efectivas directas de clase a los alumnos. Pero ocurre que la dedicación real de un profesor que, por término medio, imparta 4 horas diarias de clase en un Instituto, va mucho más allá de ese cómputo. Hay que considerar facetas muy importantes en su trabajo: la preparación adecuada de las clases, la elaboración de exámenes, la corrección de los mismos (tareas que muchas veces no tienen más remedio que llevarse a su casa), la atención a los padres de los alumnos (visitas), las tutorías y el trabajo de orientación a los chicos y chicas, las sustituciones, las guardias en los recreos, la organización y realización de visitas extraescolares, el cuidado y mantenimiento del material educativo, la organización de la biblioteca, las reuniones del profesorado y, en fin, muchas cuestiones a las que hay que prestar atención para la buena marcha de un centro de enseñanza, y que sería prolijo enumerar aquí. Todo ello es muy importante, y nadie mínimamente responsable en materia educativa puede ignorarlo. Con lo cual, esas 18-20 horas de las que se habla, a la hora de la verdad se multiplican como mínimo por dos, y seguramente me quedo corto.
Pero es que, además, lo más grave y espinoso del conflicto es la decisión de dejar de contratar a un número muy amplio de profesores interinos (se manejan varias cifras, pero podrían estar afectados unos 3.000, nada menos), a pesar de las reiteradas -y falsas- declaraciones de que no se van a producir recortes por parte de la Consejería. Esta medida, de llevarse a cabo de forma efectiva, podría aumentar la carga real de trabajo de los profesores titulares hasta niveles difícilmente soportables, los cuales se verían obligados a desatender parte de las obligaciones a las que he hecho mención más arriba. En definitiva, y esta es la cuestión, la calidad educativa se podría ver seriamente resentida.
Por otra parte, todo ese colectivo de profesores interinos, bastante abultado, se vería condenado al paro. De modo que, paradójicamente, una fuerza política (el Partido Popular) que no se cansa de repetir una y otra vez que está a favor de la creación de empleo, realmente estaría destruyéndolo, enviando directamente al desempleo a cerca de 3.000 hombres y mujeres con una preparación intelectual alta.
En mi entrada anterior, defendía la necesidad de mantener, proteger e incluso mejorar la educación pública, que presta un servicio vital e impagable a la sociedad y constituye una sólida garantía de futuro para la misma. No se puede jugar con un asunto de tanta importancia. Señoras y señores, LOS POLÍTICOS ESTÁN PARA RESOLVER PROBLEMAS, NO PARA CREARLOS. Para ello se les vota y para ello cobran de los presupuestos de la administración pública, que se forman con el dinero de los contribuyentes. Tienen que gobernar para todos, buscando el bien común y facilitando siempre las cosas a todos los ciudadanos, en especial a los más desfavorecidos. Es inadmisible gobernar con soberbia y obedeciendo a intereses privados. Decir estas cosas podría parecer trivial o innecesario en un Estado de Derecho, pero, por lo que parece, es necesario gritárselo a los políticos.