Escena de uno de los muchos incendios forestales ocurridos este verano en Galicia, muy cerca de Santiago de Compostela. En primer término, agentes de extinción de la U.M.E. (Unidad Militar de Emergencias)
Pocas cosas son tan tristes y desoladoras como contemplar un bosque siendo devorado por las llamas.
Durante este verano de 2016, que ya toca a su fin, los españoles hemos asistido impotentes a una realidad que por desgracia parece haberse hecho habitual en temporada estival: los incendios forestales que se producen a lo largo y ancho de todo el territorio. Al día 15 de agosto, y según los datos que he podido consultar, elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habían ardido ya 33.370 hectáreas, una cifra ya bastante preocupante en sí misma. Pero es que a lo largo de la segunda quincena de agosto y en lo que llevamos de septiembre han surgido bastantes más incendios, algunos de ellos muy graves, como el que ha arrasado el entorno de Jávea (Alicante), de gran valor paisajístico. Galicia (de algún modo siguiendo la tónica del vecino y castigado Portugal), el interior montañoso de Valencia, Navarra, la isla canaria de La Palma, y otras regiones de España, han visto cómo el fuego destruía extensas zonas de bosque, monte bajo y matorral, sin que nada ni nadie pudiera evitarlo.
Y no digo esto último para infravalorar en modo alguno la extraordinaria y encomiable labor desarrollada por los equipos de extinción de incendios, que como siempre han puesto todo su empeño y arriesgado sus propias vidas en el control de los fuegos, muy a menudo auxiliados por los propios vecinos de las zonas afectadas. Pero, lamentablemente, cuando un incendio se declara, la mayoría de las veces ya es tarde para impedir que alcance grandes proporciones, máxime cuando aquél es intencionado. Se sabe perfectamente que la mayoría de los fuegos rurales y forestales se provocan adrede, a menudo desde varios puntos de ignición simultáneos, debido a la acción criminal de sus desalmados autores materiales.
Estamos sin duda ante un hecho trágico y lamentabilísimo, que no parecemos capaces de evitar, verano tras verano y año tras año. Se ha convertido en una rutina siniestra que se abate de modo recurrente sobre nuestro patrimonio natural y lo destruye. Quizá muchos no se percaten de ello, pero con los incendios también muere una parte de nosotros mismos, ya que de alguna manera somos hijos del paisaje que nos rodea, de la tierra, así como de la flora y fauna que vive y se desarrolla en su superficie. Y además nuestro vínculo con el paisaje no es solamente físico, de mero sustento (con ser ello básico y primordial), sino también espiritual. Sobre este último punto podrían darnos grandes lecciones multitud de intelectuales, escritores, filósofos y artistas, tanto del presente como del pasado, españoles y foráneos.
¿Sólo cabe lamentarnos y llorar? Yo creo que no. Nuestro deber como ciudadanos responsables, conscientes de lo que ocurre y sensibles hacia nuestro entorno natural, es exigir en la medida de nuestras posibilidades a las instituciones y a los políticos que tomen iniciativas de valor para combatir esta pesadilla. Para empezar, un delito ecológico tan grave y destructivo como el provocar un incendio forestal debería tipificarse con la máxima gravedad en nuestro ordenamiento jurídico y penal, equiparándolo al asesinato. Si, digo bien: ASESINATO. Y no creo que incurra en ninguna aberración al sostener tal idea. Quien destruye intencionadamente un bosque lo hace ahora, en un preciso momento, pero sus efectos se prolongan por un plazo de 20, 30 o 40 años. No sólo extermina especies vegetales y de fauna silvestre, ya muchas veces amenazada por otros motivos (caza, presión demográfica, turismo irresponsable), sino que priva a generaciones futuras de espacios de gran valor ecológico, de esparcimiento y de conocimiento de la Naturaleza. Y, por descontado, no puede olvidarse que un incendio forestal se cobra con frecuencia vidas humanas, como todos sabemos. Y también perecen muchas cabezas de ganado y animales domésticos, propiedad de habitantes del lugar. Los efectos destructivos son terribles y, como hemos visto, se prolongan en el tiempo.
Por otra parte, la labor preventiva adquiere en este problema una importancia capital, y es aquí donde deberíamos exigir a las autoridades una implicación y un esfuerzo mucho mayores que los que se vienen realizando hasta ahora. Hay que invertir más recursos en educación, concienciación ciudadana, limpieza de los montes, utilización responsable de sus recursos forestales, y vigilancia (estamos en la época de los drones, cuya utilidad podría ser decisiva en este terreno). Al igual que en medicina, resulta infinitamente mucho mejor prevenir que curar. Hasta el momento, yo sólo observo en los políticos una pasmosa indiferencia ante la desgracia recurrente de los incendios forestales. Parece como si el asunto no les concerniera, y si es así me parece de una flagrante irresponsabilidad. Es preciso presionar a nuestros representantes políticos para que cambien su punto de vista y se pongan a trabajar con la mayor urgencia sobre el problema señalado. Y, por favor, que no se escuden en que los fuegos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. No, señoras y señores, este problema nos afecta a todos (incluyendo a nuestro hijos y nietos) y exige la acción conjunta y eficaz de todas las administraciones públicas.
El mirador de don Frenando 