GALLARDÓN: ¿DEFENSOR DE LA MUJER ESPAÑOLA?

No hace muchos días, el ministro Ruiz Gallardón nos sorprendía a propios y extraños cuando se refería a la existencia de una «violencia estructural», que actuaba en contra de las mujeres embarazadas, en el sentido de obligarlas en muchas ocasiones a tomar la decisión de abortar, en contra de sus propios deseos. No explicó bien en qué consistía esa violencia estructural ni a quién habría que atribuirla, aunque se podía intuir por dónde podían ir los tiros. Con posterioridad, el debate previo a la futura ley que prepara el ministro sobre el aborto ha continuado, y nos ha deparado nuevas oportunidades estos días de escuchar más manifestaciones públicas de este señor, las cuales parecen ir preparando el terreno para cuando se presente su proyecto de ley y comience el debate de verdad en el Congreso. Parece que una de las ideas predominantes que bullen en la mente de Gallardón es que el Estado debe proteger a la mujer gestante para asegurarla el derecho de ser madre, condición que viene a ser, en su opinión, la culminación de su femineidad.

Vamos a decir las cosas claras. Una mujer es siempre mujer al 100%, sea o no sea madre, condición sobre la que ella tendrá siempre el derecho a la última palabra y, por supuesto, plena libertad de elección (*). El ministro Ruiz Gallardón se está metiendo en un «jardín» ideológico en el que me temo que no va a salir muy bien parado. Este señor, presumo que por su particular educación personal y religiosa, está claramente posicionado en contra del aborto, en cualquiera de sus casos y circunstancias. Lo que ocurre es que intenta disimular su postura, singularmente conservadora y monolítica, tratando de que se vea el problema desde una perspectiva muy distinta y culpabilizando a no se sabe quién o quiénes de la existencia de una «presión social» que cercena el derecho de las mujeres a la maternidad.

Pues bien, las únicas presiones que pueden existir y llevar a la mujer, en determinados casos, a tomar la difícil decisión de interrumpir su embarazo pueden venir por:

1) La propia crisis económica en la que estamos inmersos, el desempleo, la carencia de recursos, y las malas perspectivas para poder criar, sostener y educar debidamente a una nueva criatura. Dudo mucho de que el ministro disponga de los medios para modificar esta dura realidad.

2) Empresarios y directivos desaprensivos que amenazan más o menos veladamente a las mujeres trabajadoras con dejarlas sin empleo -por poner un ejemplo-, en caso de quedar encintas. Quizás aquí el Gobierno sí tendría oportunidad de legislar para proteger adecuadamente a las mujeres trabajadoras, aunque pienso que esto no sería muy del agrado de sus «amigos» empresarios, ahora que han quedado tan satisfechos con la reforma laboral.

Esta es la realidad. Y dejo aparte otras circunstancias que se pueden dar, tales como violaciones, embarazos no deseados en adolescentes, o malformaciones del feto, que no voy a comentar aquí, porque van mucho más allá de lo que pretendía comunicar en este artículo.

Yo le aconsejaría al señor Gallardón que, si sus escrúpulos le impiden ejercer como ministro de Justicia para todos, dentro de una sociedad laica y democrática como la que tenemos, que renuncie al cargo que le ha proporcionado el presidente Rajoy antes de intentar imponernos una legislación inspirada en unas creencias religiosas que muchos ni compartimos ni aceptamos.

(*) Quiero aclarar una cosa. Personalmente, no estoy de acuerdo con el hecho de que una menor de edad pueda recurrir a algo tan serio y traumático como la interrupción de su embarazo, sin el conocimiento y el consentimiento de sus padres. Esto quedó así recogido en la ley que actualmente está en vigor y, sinceramente, creo que debería ser corregido.

EL PECULIAR MODELO ELÉCTRICO ESPAÑOL – y II

Como continuación del post anterior, seguiremos viendo las principales conclusiones derivadas del estudio de cómo funciona el mercado eléctrico en España.

(6)  Contrariamente a lo que se ha afirmado muchas veces, es rotundamente falso que las primas a las energías renovables sean las responsables del déficit tarifario que analizábamos en el punto anterior, sencillamente por el hecho de que las citadas primas son abonadas por los consumidores, dentro de la componente regulada, como ya vimos en el post precedente. Otra cosa es que la recaudación por este concepto resulte, al final de cada ejercicio, inferior en cierta medida a los gastos efectivamente realizados por las generadoras, de manera que se pueda incurrir en cierto nivel de déficit. De todos modos, hay que tener en cuenta que, aparte de las primas a las renovables, hay otros muchos conceptos que forman parte de la tarifa eléctrica, como el sobrecoste impuesto por las subastas CESUR o los Costes de Transición a la Competencia, como también se ha visto; por consiguiente, se podría admitir que la responsabilidad del déficit quedaría repartida entre toda una serie de conceptos.

Es muy importante señalar también que:

1) Las energías renovables (eólica y fotovoltaica), a través de lo que los expertos denominan mecanismo «merit-order-effect», contribuyen en los mercados diarios mayoristas a que el precio de casación sea más bajo de lo normal. Ello se debe a que, por el hecho de tener unos costes variables muy reducidos (en relación con la cantidad de energía a producir), entran en primer lugar a formar parte de la oferta agregada, y lo hacen a precio cero de salida, aunque luego el precio real de casación sea el que resulte de la confrontación entre oferta y demanda finales.

2) Quienes critican a las energías renovables no tienen en cuenta para nada el objetivo fundamental de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, ni por supuesto la necesidad de reducir nuestra alta tasa de dependencia energética (cifrada en un 80%), mediante una utilización mucho más racional de los recursos disponibles.

(7)  Las centrales nucleares, cuyas plantas están amortizadas desde hace ya bastantes años, obtienen unos beneficios extras muy elevados al participar en el mercado diario, debido a que el precio de casación suele situarse muy por encima de su coste de generación. Conviene aclarar que, junto con las renovables, son las primeras en formar parte de la oferta agregada, pero por razones bien distintas, en este caso para evitar los inconvenientes derivados de parones y arranques costosos en los reactores y asegurarse una continuidad en el funcionamiento de sus plantas.

Hasta 2005, los costes de tratamiento de los residuos nucleares, así como los costes de desmantelamiento de las centrales cerradas, eran pagados por los consumidores (¡?), y no por las propias compañías, como ya ocurre en la actualidad. En cualquier caso, está previsto que las generadoras nucleares soportarán el coste del tratamiento de residuos radioactivos sólo hasta 2070, cuando todos sabemos que su nivel de radioactividad se prolonga por espacio de cientos de años. De modo que el problema de su almacenamiento y destrucción definitiva queda endosado a las futuras generaciones. Pero éste, indudablemente, es otro tema, que daría muchísimo que hablar. Por cierto, lo que sí conviene saber al respecto es que los fondos destinados al futuro almacén ATC saldrán de los Presupuestos  Generales del Estado.

Por último, hay que considerar también que, en caso hipotético de accidente nuclear (Dios no lo quiera), las centrales sólo están obligadas a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra daños hasta un importe máximo de 700 millones de euros. Según apuntan expertos en la materia, el precio de la energía de origen nuclear se duplicaría si se obligase a las generadoras a pagar un coste realista de sus seguros, de acuerdo con los auténticos riesgos que se corren. De manera que podríamos concluir afirmando que las centrales nucleares sólo pagan una parte de lo que les correspondería en lo relativo al proceso de gestión de residuos y a la cobertura de los riesgos derivados de este tipo de producción.

(8)  Las grandes compañías eléctricas que operan en España no muestran ningún interés por promover la generación de electricidad en plantas fotovoltaicas (las más desarrolladas, de momento) y termosolares. La energía solar, dicen, requiere de unas inversiones elevadas para adquirir e instalar los dispositivos necesarios, cuyo plazo de amortización se estima en 10 años. Por otro lado, este tipo de generación de electricidad se presta especialmente a la descentralización y a la independización energéticas, esto es, a que empresas consumidoras, particulares, comunidades de vecinos, ayuntamientos y otras entidades lleguen a situaciones de práctico autoabastecimiento, independizándose así de las compañías generadoras actuales, si no al 100%, sí en un elevado porcentaje. Se comprende fácilmente la férrea resistencia del lobby actual de las compañías eléctricas contra el desarrollo de este tipo de generación de energía. Y se comprende también que el incipiente crecimiento de plantas fotovoltaicas en España se haya frenado en seco a partir de 2010, en virtud de recortes en las primas y cambios legislativos, promovidos por la fuerte presión de las eléctricas. Simplemente, este tipo de energía va en contra de sus intereses.

Se da la paradoja de que Alemania, con muchas menos horas de luz solar que España, ha instalado hasta el momento más de 4 veces la potencia fotovoltaica de que disponemos en nuestro país (donde llegamos a producir en 2009 unos 3.600MW por este sistema, alrededor de un 1,9% del total de electricidad consumida). Allí sí han apostado claramente por esta energía limpia, gratuita e inagotable, y continúan invirtiendo en ella a un ritmo muy superior. Curiosamente, empresas españolas como SOLARPACK están adjudicándose importantes contratos fuera de nuestro país, como en Estados Unidos, Francia, Perú y Chile (para más información, recomiendo visitar la web de APPA, Asociación de Productores de Energías Renovables).

A MODO DE CONCLUSIÓN RESUMIDA

Como hemos podido ver, el mercado eléctrico español, teóricamente «liberalizado», es profundamente oligopólico y se caracteriza por un sistema de fijación de precios particularmente complicado y poco transparente. Además, supone un serio obstáculo al pleno desarrollo de las energías renovables, muy en especial la de origen solar, la cual, precisamente por las singulares condiciones climatológicas de España, podría suponer para nosotros una fuente importantísima de energía. Podemos afirmar que, por la acción y el peso que tienen las centrales nucleares y térmicas en el mix energético español, no se avanza eficientemente hacia la reducción de la altísima dependencia energética de nuestro país, ni tampoco se progresa como sería deseable para minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Sobra hacer ningún comentario adicional. Que el lector juzgue por sí mismo.

EL PECULIAR MODELO ELÉCTRICO ESPAÑOL – I

Debo confesar que, desde hace ya algún tiempo, siento bastante preocupación por la cuestión energética en España, sobre todo en lo relativo al papel jugado por las denominadas energías limpias, las cuales, por muchas razones y por puro sentido común, deberían jugar un papel cada vez más destacado en la producción y el consumo. A menudo me he preguntado por qué motivos la energía solar, en particular, no se ha desarrollado mucho más en nuestro país, cuyas condiciones meteorológicas son especialmente idóneas para aprovecharla a una escala infinitamente mayor que en el presente, en el que apenas representa un 2% de la energía eléctrica total producida. Para responder adecuadamente a ésta y otras preguntas, me he ocupado de reunir y estudiar cierta documentación que me ayudase un poco a entender el panorama actual de la producción eléctrica en España, cuestión ésta bastante más compleja de lo que en un principio cabría esperar.

En concreto, me ha ayudado mucho el documento ENTIENDE EL MERCADO ELÉCTRICO, informe elaborado por dos estudiosos del tema, Cristóbal Gallego y Marta Victoria, quienes además han tenido la amabilidad de responderme personalmente a ciertas dudas que me han surgido sobre el asunto. Mi sincero agradecimiento a ambos. Este documento está disponible en la página http://observatoriocriticodelaenergia.org. También he recurrido a ciertos artículos publicados recientemente en la prensa económica por diferentes expertos en la materia. El resultado de esta modesta labor de investigación es el artículo que expongo a continuación. Pienso que, de igual manera que la documentación manejada me ha ayudado a aclarar mis ideas, mi trabajo podría contribuir también a despejar incógnitas al lector de este blog. Se trata, en cualquier caso, de una aproximación pensada para el hombre o la mujer de la calle, y pido perdón de antemano por los posibles errores o imprecisiones que pudiera contener. Para no hacer su lectura demasiado pesada, la he dividido en dos partes (la segunda saldrá publicada con uno o dos días de diferencia).

Desde 2007 funciona en nuestro país el denominado Mercado Ibérico de la Electricidad, resultado de la unión del mercado español con el portugués. Hasta 1997 se operaba dentro de lo que se conocía como Marco Legal Estable, caracterizado por una intervención clara del Estado, y a partir de ese momento se inició un periodo transitorio, que duraría hasta 2009, con el objetivo final de llegar a un mercado plenamente «liberalizado» para los consumidores (la producción se liberalizó por completo en 1998), pero que en la realidad es sumamente complejo en lo referente a la fijación de precios. Las tarifas que pagamos los consumidores finales se componen, más o menos al 50%, de una componente «libre» de mercado y otra componente regulada, en cada una de las cuales se integran diversos conceptos, como luego iremos viendo. Además, la peculiar política seguida por los sucesivos gobiernos, desde Aznar y pasando por los de Rodríguez Zapatero, ha dado lugar a una enorme anomalía llamada «déficit tarifario», que se explicará más abajo y que a finales de 2011 superaba ya los 24.000 millones de €.

Tras un análisis mínimamente detallado del funcionamiento del mercado eléctrico en España, se puede llegar a las siguientes conclusiones.

(1) El supuestamente «liberalizado» mercado eléctrico español ha venido a oscurecer y complicar extraordinariamente la determinación del precio real de la electricidad, al utilizarse un artificioso y complejo mecanismo tarifario.

*  La componente libre de mercado de la tarifa, que es la retribución a generadoras y   comercializadoras surge de un mercado fuertemente oligopólico (dominado por unas pocas y poderosas empresas) y además verticalmente integrado; quiere esto decir que muy a menudo las generadoras de energía (las que venden) y las comercializadoras (las que compran) son en realidad la misma compañía: IBERDROLA, GAS NATURAL FENOSA, ENDESA, HC ENERGIA Y EON ESPAÑA.

*  Por su parte, la componente regulada (fijada por el Gobierno) de la tarifa cubre:

a) los costes reconocidos por el Estado a las actividades de transporte (a cargo de Red Eléctrica de España, REE) y distribución;

b) las primas a las energías renovables, la moratoria nuclear y la subvención al carbón nacional, además de otros conceptos, que como vemos corren básicamente a cargo de los consumidores finales (esto es importante recordarlo).

(2) Dentro de la componente libre de mercado de la tarifa eléctrica, aproximadamente un 12% de la misma viene determinado por las conocidas como subastas CESUR. Estas constituyen un mercado particularmente cerrado y opaco, y por tanto susceptible de ser manipulado. Consisten en subastas trimestrales en las que las llamadas comercializadoras de último recurso (CUR) adquieren electricidad a las generadoras para, a su vez, asegurar la venta de electricidad a los consumidores finales a una tarifa fija (tarifa de último recurso, TUR), que no esté sujeta a las fluctuaciones del mercado. Lo que ocurre es que en estas subastas intervienen los bancos, a modo de intermediarios, los cuales, como asumen un cierto riesgo, derivado de posibles fluctuaciones hacia arriba del precio real al que compran, venden a un precio tal que les supone en la práctica un beneficio significativo para ellos mismos. En otras palabras, siempre hay un considerable exceso de precio entre el fijado en la subasta y el real que se paga en el mercado mayorista, diferencia que corre a cargo de los consumidores, que en este caso somos más de 20 millones (la inmensa mayoría somos consumidores de último recurso). ¿Qué tal suena el «invento»?

(3) Además, en la llamada componente regulada de la tarifa eléctrica (el otro 50% que abonamos) figuran los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC’s), que suponen un 7% de la misma. Estos CTC’s, autorizados y regulados por el gobierno, han supuesto para las generadoreas unos beneficios extras, dado que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido normalmente mayor que el previsto, contrariamente a lo que se esperaba (¡qué casualidad!). Estos costes se pueden cuantificar en unos 4.000 millones de euros, que en justicia habría que descontar del montante del déficit tarifario (del que hablaremos en el punto 5).

(4) Hay otros factores que distorsionan la formación de precios de la energía eléctrica. Por ejemplo, en los mercados diarios se puede dar el caso de que una central generadora venda energía a un precio determinado para luego, en otra sesión de la misma jornada (para cada día hay un mercado diario y 6 más intradiarios o de ajuste) la misma generadora la recompra a un precio más barato, ¡sin haber entregado físicamente un solo kilowatio a la red! La propia CNE (Comisión Nacional de la Energía) ha denunciado casos de manipulación del precio y del mercado.

(5) Hablemos ahora del déficit tarifario, tema que ahora está especialmente en boga. Desde que comenzó el proceso de liberalización del mercado eléctrico en 1997, y con el fin de no trasladar a los consumidores finales todo el impacto inflacionista del precio real de la energía, las tarifas finales (las que pagamos los usuarios en factura) se han mantenido artificialmente por debajo de la evolución del coste «reconocido» por parte de las compañías generadoras y comercializadoras. Esta circunstancia, aplicada desde el primer momento y sin interrupción por todos los gobiernos sucesivos, se ha transformado en un auténtico monstruo, valorado a finales de 2011 en 24.000 millones de €, importe al que asciende la deuda del Estado con las compañías eléctricas, y que éstas no están dispuestas en modo alguno a renunciar a cobrar. Como dato curioso, diremos que más o menos la mitad de este montante se ha titulizado (se ha convertido en bonos), por parte de las propias eléctricas, y se ha colocado en los mercados, compitiendo con el Tesoro Público en la colocación de la deuda soberana.

Sin entrar a discutir la autenticidad de las cifras del déficit tarifario, de naturaleza bastante opaca, mencionaré que ello no ha impedido en absoluto a las empresas eléctricas lograr altas tasas de rentabilidad, figurando entre las empresas más solventes y de mayor patrimonio del país.

De momento, nos quedaremos aquí. En uno o dos días, me comprometo a publicar la segunda parte de este trabajo, en el que abordaré cuestiones tan relevantes como las primas a las energías renovables (6), el papel jugado por las centrales nucleares (7), y el frenazo al desarrollo de la energía solar (8). Pido disculpas por la extensión de este artículo, pero creo que, si se quiere profundizar mínimamente en esta problemática tan importante para el desarrollo de nuestro país, no hay más remedio que alargarse un poco. Merece la pena.

Muchas gracias y hasta muy pronto.

REFLEXIÓN TRAS EL 11 DE MARZO

A continuación, transcribo literalmente mi comentario de hoy en el video-blog de Iñaki Gabilondo, web del diario El País:

Buenos días, Iñaki.

Me alegro que abordes este asunto, porque desde ayer no pienso en otra cosa. Han pasado ya 8 años desde aquel trágico 11 de marzo de 2004. Sin embargo, en vez de permanecer unidos en el dolor inmenso que causaron los terribles atentados en los trenes de cercanías, la peculiar y discordante interpretación que una parte de la sociedad, alentada por la derecha política de este país, viene efectuando sobre la autoría de la masacre ha abierto una brecha profunda entre los españoles. Personalmente, me repugna la llamada teoría de la conspiración y detesto que, a estas alturas, aún se dude acerca de la autoría de los atentados y se abriguen sospechas sobre intereses ocultos que los pudieron alentar. Al lógico dolor por las víctimas, que todos hemos compartido, se ha venido a unir un veneno absurdo nacido de la paranoia de unos cuantos indeseables, que siguen sin aceptar la versión judicial de los hechos y se obstinan en buscar oscuras culpabilidades donde no las hay.

Yo tengo una opinión muy clara. Si España no se hubiera involucrado en aquella locura de la guerra de Irak, no hubiéramos sufrido los atentados del 11-M, obra de grupos islamistas radicales que quisieron vengarse de esta manera de nuestra participación en el conflicto. Los atentados supusieron un terrible jarro de agua helada sobre la sociedad española, que mayoritariamente había expresado antes su repulsa por la mencionada guerra, y también mayoritariamente castigó con su voto a un Partido Popular que nos había metido de lleno en ella. El problema es que muchos dirigentes del PP no aceptaron la verdad y se empeñaron en buscar otra interpretación de los hechos, al tiempo que siempre vieron a Rodríguez Zapatero como un intruso que les había arrebatado el poder que «legítimamente» les correspondía. Dividieron a las víctimas, dividieron a la sociedad, no aceptaron de buen grado los resultados del largo proceso judicial que tuvo lugar tiempo después, e iniciaron una oposición política al Gobierno socialista malintencionada, descalificatoria, desleal y antipatriótica, como todos hemos tenido ocasión de comprobar.

Muchas veces se ha dicho que, mientras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington unieron el sentimiento de los norteamericanos, los atentados del 11-M en Madrid nos han dividido a los españoles, por la mala fe de unos pocos. Es tan cierto como lamentable.

Sólo quiero añadir que ayer participé en la gran manifestación que tuvo lugar en Madrid en contra de la reforma laboral y en favor de los servicios públicos. Se demostró que no había ninguna incompatibilidad entre dicha manifestación de protesta y los actos de homenaje a las víctimas de los atentados. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de la misma, y espero y deseo que la oposición de los trabajadores españoles a los planes del Gobierno sea rotunda y tenaz. ¡Ya está bien de que siempre se exijan sacrificios a los más débiles, que no hemos tenido ninguna responsabilidad en esta maldita crisis financiera y económica!

MANIFESTACIONES EN EL 11-M

No veo que haya incompatibilidad entre el homenaje a las víctimas del 11-M y la manifestación en contra de la reforma laboral, siempre que no se desarrollen en el mismo tiempo y lugar. Lo que ocurre es que la coincidencia de ambos actos les viene muy bien a los dirigentes del PP como excusa para lanzar dardos envenenados contra los sindicatos y la izquierda en general. Sus acusaciones de «falta de sensibilidad» son totalmente falsas e hipócritas. Una vez más, y ya son muchas, pretenden instrumentalizar el dolor ajeno en beneficio propio, como intentando demostrar a la sociedad que ellos son los únicos que defienden de verdad a las víctimas del terrorismo. Su actitud es, digámoslo claro, repugnante.

Me alegro especialmente de que la asociación que preside Pilar Manjón (la asociación mayoritaria que representa a las víctimas de los atentados de los trenes) haya tomado la iniciativa de formar parte de la cabecera de la manifestación. Señores y señoras del PP, lo cortés no quita lo valiente.

Hasta aquí, me he limitado a reproducir, con alguna pequeña matización, un comentario mío de hoy mismo en la red eskup del diario El País. Pero me gustaría añadir algunas cosas más.

Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a apropiarse del dolor por las víctimas ausentes en un atentado, ni a acaparar cualquier acto de homenaje por las mismas. Los muertos y su memoria pertenecen en exclusiva a sus respectivas familias. Por tanto, cualquier acto que se celebre en recuerdo de quienes perdieron la vida en una tragedia como la del 11 de marzo de 2004 debe ser política y rigurosamente aséptico. Ningún partido, esté o no en el gobierno, puede instrumentalizarlo en beneficio propio.

Han pasado ya 8 años desde aquel día tan triste para los españoles en general, y los madrileños en particular. A partir de aquella fecha, y durante mucho tiempo, toda la clase política y todos los representantes de las instituciones, incluidos por supuesto los sindicatos, han expresado reiteradamente su más absoluta condena y rechazo a la barbarie perpetrada en aquellos trenes de cercanías. Si ahora, cuando las circunstancias del momento, como son la gravísima crisis económica y laboral que estamos viviendo, fuerzan al colectivo de los trabajadores a salir a la calle a manifestarse frente a una reforma laboral que lesiona tan duramente sus derechos, nadie tiene que escandalizarse porque coincidan en la misma fecha en que se conmemora a las víctimas de los atentados. Un acto no impide otro, máxime cuando la manifestación de trabajadores no tiene precisamente un carácter festivo.

El Partido Popular se muestra muy molesto por el hecho de que la gente salga a las calles y se manifieste en contra de sus medidas. Tienen que asumir que el derecho de manifestación es básico en una democracia, y que tan sólo ha de limitarse a partir del momento en que se produzcan hechos violentos que atenten contra la seguridad de las personas o contra el patrimonio público y privado. Mientras las marchas de protesta transcurran pacíficamente, se estará ejerciendo un derecho fundamental en una sociedad libre.

Yo aconsejaría a los hombres y mujeres del PP que se limiten a gobernar o, mejor dicho, a apoyar al Gobierno que salió elegido en las urnas el pasado 20-N, si es que están convencidos de que su política es la adecuada para superar la crisis. Pero, por favor, no intenten manipular a la opinión pública ni la intoxiquen con su particular e interesado punto de vista. Acusar a los sindicatos de falta de sensibilidad ante las víctimas del terrorismo, o criminalizar al PSOE por estar detrás de todas las movilizaciones de protesta estudiantil, son infamias de gran calibre. Hay que ser prudentes con las declaraciones públicas, porque de lo contrario se estaría poniendo en peligro la convivencia social pacífica entre todos los españoles, y creo que los ánimos de muchos ya están bastante caldeados.